Admitida a trámite la denuncia vecinal contra la plataforma logística de la calle Eduardo Barreiros

 

Por fin buenas noticias.

El 14 de octubre de 2020 el juzgado de instrucción número 49 de Madrid admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Plataforma de Usera y Villaverde contra la PALM-40 y las AAVV de Avd. Orcasur, Av. San Nicolás, Av. Los Hogares, La Morada de Villaverde, Av. La Incolora y la FRAVM contra Papasal, la promotora BNP Paribas Real Estate y la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid por presunta prevaricación y delito medioambiental.

Hemos llegado a esta situación después de que el Ayuntamiento de Martínez-Almeida y Villacís desoyera todas y cada una de nuestras peticiones para que pararan la construcción de una de las empresas más contaminantes que actualmente existen por la cantidad de vehículos que diariamente acceden a sus instalaciones y que no traerá más que contaminación, ruido y accidentes al distrito.

Entre las muchas peticiones que han sido desoídas por parte del concejal de Desarrollo Urbano y de la promotora, una de las más importante es la siguiente:

Ante las diversas manifestaciones en la calle de los vecinos y vecinas en contra de la PALM-40,  el Ayuntamiento de Madrid mediante el acuerdo plenario de 27 de marzo de 2019 aprueba la proposición nº 2019/8000425 instando al área de gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible a que proceda a la paralización inmediata de las obras en tanto no se aclaren todas las circunstancias relacionadas con este proyecto y conforme a la instrucción 1/2015 presente el PECUAU con carácter previo a la concesión de licencias de edificación o de actividad con objeto de valorar la incidencia de la actuación sobre el medio ambiente, recordándole que la solicitud de licencia urbanística se presentará una vez aprobado definitivamente el PECUAU. 

En junio 2019. El anterior concejal Don Guillermo Zapata comunica por carta a la empresa PAVASAL que deberá presentar el correspondiente Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos (PECUAU) con antelación a solicitar la licencia de obra.

Tanto el nuevo concejal de Desarrollo Urbano Don Mariano Fuentes, como la empresa constructora PAVASAL ignoraron tales mandatos y el 24 de julio de 2019, el Ayuntamiento concede la licencia de obra a sabiendas que tanto los informes de movilidad existentes para la zona, como la información aportada por la empresa no están en regla. 

Supimos que la información no estaba en regla cuando se publicó, en agosto de 2020, el pliego de prescripciones técnicas del nuevo plan de movilidad y pudimos leer “que la documentación aportada por la promotora para la licencia de obra es deficiente y errónea y que las conclusiones del informe de movilidad existente, en el mejor de los casos, son cuestionable por lo que será necesario recabar datos verdaderos asociados a la actividad de la plataforma”. 

También hemos podido saber por el pliego la opinión de los técnicos del Ayuntamiento, donde hemos podido leer “no es lógico conceder la licencia de actividad hasta que no se demuestre la suficiencia del viario …”.  En cambio, el 21 de agosto de 2020 les concedieron la licencia de actividad, tres días después de haberla solicitado, cuando no deberían haberlo hecho ya que el plan de movilidad no estaba ni iniciado.

Por tanto, tenemos a un Ayuntamiento, a unos concejales, a unos responsables de la Agencia de Actividades y a una promotora que podrían haber incurrido en unos supuestos delitos contra el medio ambiente y la salud de la población y prevaricación.

Desde el principio, cuando aún no se había puesto ni un solo ladrillo, los vecinos y vecinas de los distritos de Usera y Villaverde hemos denunciado ante el Ayuntamiento el problema que este tipo de industria, considerada una de la más contaminantes por la cantidad de vehículos que diariamente acceden a sus instalaciones provocaría en los distritos de Usera y Villaverde a lo que siempre hemos recibido la misma respuesta por parte del Ayuntamiento,  mentiras, silencio y colaboración con la promotora, ni un ápice de preocupación  con los vecinos y vecinas del distrito.

Ahora nos queda esperar a que la justicia dictamine sobre tal atropello a la salud de 300.000 vecinos y vecinas.